José María Aznar, en su voto particular en el Consejo de Estado, lo ha planteado con claridad: hay que derogar el artículo 150.2 de la Constitución, el que permite la cesión de competencias a las comunidades autónomas por medio de una ley orgánica, para obligar a que sea una mayoría más cualificada –esto es, un acuerdo entre PP y PSOE– la única capaz de aprobar más cesiones. Es una lástima que haya tenido que ser el ex presidente, y de rondón, el que haya hecho esta propuesta; hubiera sido mucho más adecuado que fuera el PP de Rajoy quien, meses antes de que comenzara una recogida de firmas que no parece tener el empuje mediático que se esperaba en Génova, la promoviera en el Parlamento.
Si se deseara la supervivencia del régimen en el que España ha prosperado en libertad –casi toda– los últimos treinta años, sería obligado cerrar el modelo de Estado con un gran acuerdo de los dos grandes partidos para una reforma constitucional. Sin embargo, un PSOE obsesionado por conservar el poder a toda costa prefiere pactar el modelo de estado con unos partidos que no creen que España deba existir más que como una cáscara vacía, en la que seguir volcando el victimismo que les ha permitido perpetuarse en el poder.
La coalición del socialismo con el nacionalismo está aprovechando el aburrimiento, ese aburrimiento que denunció Mayor Oreja como el principal arma de los nacionalistas, para aprobar sin luz ni taquígrafos la destrucción de España. Por eso se niegan a que exista un debate claro y transparente, artículo por artículo, que permita que todos nos enteremos de lo que se está intentando colar como reforma estatutaria. En unos años, Cataluña, País Vasco y ese ente al que ya Maragall vaticinó que habría que buscar un nuevo nombre, se sentarán en sillas distintas en los foros internacionales, gestionarán sus impuestos por separado y desangrarán por su cuenta a los trabajadores para intentar salvar varias seguridades sociales en bancarrota. Ya han aprobado que sea una nueva comisión, en que el Estado y la Generalitat se sentarán al mismo nivel, la que decida qué parte de los impuestos recaudados en Cataluña se cederá graciosamente para pagar las escasas competencias que le resten al gobierno central. Y eso de lo que casi nadie, gracias al aburrimiento que han provocado estos meses de discusión estatutaria, se ha dado por enterado, no es más que uno de los muchos puntos en los que las instituciones españolas van a cambiar radicalmente.
Artículo a artículo, se va cerrando un modelo de estado que choca de frente con el programa y la política que el PP llevaría al gobierno en el caso de ganar unas elecciones generales. Lo que se diseñó entre Zapatero y Mas, al que se sumará Ibarretxe en muy poco tiempo, es un cambio a un nuevo modelo político en el que la derecha no esté admitida. Porque en el escenario que se está construyendo, Rajoy tendría que pedir perdón a sus votantes si llegara al poder, pues no podría ejecutar su programa. Y es que un cambio de régimen no suele tener ninguna vuelta atrás que no sea otro nuevo cambio de régimen.
Lo normal en una democracia avanzada sería que los ciudadanos exigieran ser escuchados en este proceso. Sin embargo, Zapatero cuenta con que los suyos no reclamen nada, aunque estén igualmente horrorizados ante esto. Mientras el PSOE cuente con una base electoral de un 35% haga lo que haga en el poder gracias a la hiperlegitimación de la izquierda, perpetuada gracias a su monopolio mediático, no habrá ninguna posibilidad de que recapacite.